Decreto N° 5.047/16, por el cual se reglamentan las obligaciones de las administraciones de los puertos públicos y privados para establecer mecanismos de comunicación para la prevención y combate de faltas e infracciones aduaneras y de hechos punibles
Reglamentándose las obligaciones de las Administraciones de los Puertos, y establécense procedimientos basados en la administración de riesgos, para la colaboración en la prevención de la comisión de faltas e infracciones aduaneras, hechos punibles y hechos antijurídicos en general, conforme con la legislación aduanera y penal vigente.
Son sujetos obligados al cumplimiento del presente Decreto, todos los Puertos públicos y privados, sean fluviales o secos, en los que se realicen operaciones de embarque, almacenamiento y desembarque de mercaderías (en adelante denominados como las "Administraciones de los Puertos"), quienes se inscribirán como tales ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
Las disposiciones del presente Decreto tienen por objeto establecer principios, obligaciones, políticas, procedimientos y acciones en general, que permitan identificar, prevenir y reprimir las faltas e infracciones aduaneras y los hechos punibles o hechos antijurídicos que pudieran sobrevenir durante las operaciones de carga, almacenamiento y descarga de mercaderías, realizadas en el predio del puerto o por las Administraciones de los Puertos, bajo el alcance del artículo precedente y dentro del territorio aduanero paraguayo.
La Dirección Nacional de Aduanas se constituye como la Autoridad de aplicación del presente Decreto, la que coordinará y organizará todas las acciones con las Administraciones de los Puertos, y dictará las normativas complementarias pertinentes para el cumplimiento eficaz de los objetivos del presente Decreto.
La Autoridad de Aplicación contará con el apoyo principalmente de las siguientes instituciones: Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero(SEPRELAD), Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Policía Nacional, Dirección General de Marina Mercante, Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y Subsecretaría de
Estado de Tributación, sin perjuicio del reconocimiento de la facultad de dicha autoridad para involucrar a otros organismos e instituciones de carácter público y privado.
Las Administraciones de los Puertos deberán exigir a todas las personas físicas o jurídicas que utilicen sus muelles o lugares habilitados, bajo la pretensión de realizar operaciones de comercio exterior o que de algún modo intervengan en las mismas, la presentación de la...
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